El diputado provincial Sergio “Checho” Basile ingresó un proyecto de ley que agrega el artículo 89 bis a la ley 10.703 que propone la sanción de hasta 30 días de arresto para aquellos cuidacoches que exijan una contribución económica mediante la violencia, amenaza o cualquier tipo de intimidación.

La propuesta aborda una problemática frecuente y tiene por objetivo garantizar la seguridad de los santafesinos y las santafesinas tipificando conductas abusivas y violentas en el Código de Convivencia de la Provincia de Santa Fe (Ley N° 10.703). En este sentido, se busca dotar de herramientas a la Justicia y a los mismos Municipios de una figura legal que encuadre situaciones de extorsión y amenaza a los ciudadanos y ciudadanas.
Al respecto, Basile, autor de la iniciativa, expresó: “Lejos está del espíritu de esta propuesta la estigmatización del sector o el discurso punitivista demagógico. Entendemos que realizar esta incorporación al referido Código de Convivencia permitiría una mayor efectividad tanto para la Justicia como para la autoridad municipal ante un hecho de tal característica. Puesto que dicha conducta daña la convivencia cotidiana y se suscita en todo el territorio provincial, excediendo con creces las competencias municipales que se encuentran desbordadas por la temática”.
“La problemática de los cuidadores de vehículos es un emergente de la pobreza en la que está inmerso nuestro país: desempleo, trabajo informal, fenómeno inflacionario, ausencia de programas de formación e inserción laboral, entre otros factores que configuran un escenario poco esperanzador” agregó Basile, y continuó, “Esto conlleva a que muchas personas se apropien del espacio público ante la mirada pasiva del Estado, recurriendo a “changas” en busca de subsistir. En esta realidad, es frecuente que las situaciones de coacción sufridas por el o la conductor/a de un vehículo sean moneda corriente”.
Para finalizar el diputado radical concluyó: “La actividad debe ser regulada y encuadrada en una normativa que garantice la dignidad y buenas prácticas a las partes involucradas, ya que la finalidad de esta iniciativa no es prohibir la presencia de las personas cuidadoras de vehículos, sino aquellas conductas extorsivas e intimidantes que puedan ocurrir en el ejercicio de su actividad”.