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Los trabajadores Municipales y Comunales de la Provincia de Santa Fe rechazamos las medidas económicas dispuesta por el Gobierno de Javier Milei. Las mismas incluyen una devaluación con abrupta pérdida para los que perciben ingresos fijos, el encarecimiento de los servicios públicos por quita de subsidios, la liberalización de los precios sin ningún tipo de control, la iniciativa de eliminar la movilidad jubilatoria, corte de transferencias a las provincias (con impacto directo en los recursos de los Municipios y Comunas), entre otras decisiones ya adoptadas.

Formará parte del nuevo paquete de medidas el endeudamiento internacional, propio de este modelo económico y que su reciente antecedente ocurriera en el Gobierno de Mauricio Macri, quien acudió al FMI obteniendo recursos del organismo por $ 45.000 millones de dólares que pagará el pueblo argentino con pobreza.

Ya está en marcha el proceso de destrucción del mercado interno, a partir de un régimen de flexibilización de importaciones. Los importadores ya no necesitarán aprobaciones de Organismos Estatales para poder contar con las divisas a tipo de cambio oficial. Esto es un durísimo golpe a las pequeñas y medianas empresas, las que no podrán competir con productos del exterior, en un sistema de desregulación estatal, y deberán iniciar un proceso de despido de sus trabajadores o cierre de su producción como ya sucediera durante el macrismo.

Con la quita de recursos a Provincias, a la que hay que sumarle la caída de la recaudación propia por la destrucción de las economías locales, los ingresos de los Municipios y Comunas se verán diezmados, situación que golpeará a los trabajadores municipales y comunales.

Y en este marco el Gobierno anuncia un “protocolo antipiquetes”, absolutamente anticonstitucional que pretende reprimir la movilización popular.

El contexto obliga de nuestros mayores esfuerzos ante un modelo que viene por nuestros derechos y por nuestra dignidad. Muchos trabajadores y trabajadores han creído en promesas y palabras que diariamente contrastan con medidas que llevan a la desocupación, la precariedad laboral y a la pobreza a miles y miles de argentinos.

Alentamos a que la CGT nacional, junto a otras Centrales Sindicales, y Movimientos Sociales marque claramente su posición antagónica a estos anuncios y adopte las medidas indispensables para impedir que las mismas se efectivicen

Los trabajadores Municipales y Comunales de la Provincia de Santa Fe rechazamos las medidas económicas dispuesta por el Gobierno de Javier Milei. Las mismas incluyen una devaluación con abrupta pérdida para los que perciben ingresos fijos, el encarecimiento de los servicios públicos por quita de subsidios, la liberalización de los precios sin ningún tipo de control, la iniciativa de eliminar la movilidad jubilatoria, corte de transferencias a las provincias (con impacto directo en los recursos de los Municipios y Comunas), entre otras decisiones ya adoptadas.

Formará parte del nuevo paquete de medidas el endeudamiento internacional, propio de este modelo económico y que su reciente antecedente ocurriera en el Gobierno de Mauricio Macri, quien acudió al FMI obteniendo recursos del organismo por $ 45.000 millones de dólares que pagará el pueblo argentino con pobreza.

Ya está en marcha el proceso de destrucción del mercado interno, a partir de un régimen de flexibilización de importaciones. Los importadores ya no necesitarán aprobaciones de Organismos Estatales para poder contar con las divisas a tipo de cambio oficial. Esto es un durísimo golpe a las pequeñas y medianas empresas, las que no podrán competir con productos del exterior, en un sistema de desregulación estatal, y deberán iniciar un proceso de despido de sus trabajadores o cierre de su producción como ya sucediera durante el macrismo.

 

Con la quita de recursos a Provincias, a la que hay que sumarle la caída de la recaudación propia por la destrucción de las economías locales, los ingresos de los Municipios y Comunas se verán diezmados, situación que golpeará a los trabajadores municipales y comunales.

 

Y en este marco el Gobierno anuncia un “protocolo antipiquetes”, absolutamente anticonstitucional que pretende reprimir la movilización popular.

 

El contexto obliga de nuestros mayores esfuerzos ante un modelo que viene por nuestros derechos y por nuestra dignidad. Muchos trabajadores y trabajadores han creído en promesas y palabras que diariamente contrastan con medidas que llevan a la desocupación, la precariedad laboral y a la pobreza a miles y miles de argentinos.

 

Alentamos a que la CGT nacional, junto a otras Centrales Sindicales, y Movimientos Sociales marque claramente su posición antagónica a estos anuncios y adopte las medidas indispensables para impedir que las mismas se efectivicen.