La ley 27348 sancionada por el Congreso de la Nación a instancias del Presidente Macri en febrero de 2017, introdujo modificaciones a la Ley de Riesgos del Trabajo en distintos aspectos, pero sobre todo en cuestiones referentes al acceso a la Justicia de parte del trabajador damnificado.
Esta reforma obliga a los trabajadores que han sufrido un accidente laboral o una enfermedad profesional, a transitar y agotar la vía administrativa a través de las comisiones médicas dependientes de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo de la Nación, como requisito previo para la intervención de los juzgados laborales en el caso.
Al involucrar precisamente cuestiones de procedimiento ante los juzgados ordinarios del trabajo, lo cual constituye una facultad reservada constitucionalmente a cada Provincia, es que surge la necesidad del Gobierno Nacional de que cada una de ellas adhiera a la ley para poder implementarla en todo el territorio del país.
Llegamos así a la media sanción de parte de nuestro Senado provincial del proyecto de adhesión a la ley 27348 presentado por el Gobernador Miguel Lifschitz titular del Poder Ejecutivo Provincial (aunque con algunas modificaciones), dada el pasado 4 de julio. Frente a este proyecto y su inminente tratamiento en la Cámara de
Diputados, es que planteamos nuestra posición de rechazo del mismo, reiterando lo ya expresado en otras oportunidades.
El Partido del Progreso Social (PPS) tiene como uno de sus principios fundamentales la defensa de los derechos de la clase trabajadora.
Dentro de esta visión de la realidad social no podemos de ningún modo apoyar una reforma de la ley que no hace sino dificultar el acceso del trabajador a la Justicia. No es casual que sean las aseguradoras de riesgos del trabajo y los grandes grupos empresarios quienes están ejerciendo una permanente presión para que esta adhesión
sea finalmente sancionada, y, por otro lado, quienes se oponen a la misma sean precisamente los sindicatos y demás sectores vinculados a la defensa de los derechos del trabajador.