El uso intimidatorio de las Fuerzas de Seguridad en
actividades sindicales parece convertirse en política de
Estado.
Mientras el delito, la corrupción y la inseguridad continúan
incontroladas y se convierten en un flagelo social desgarrador, las
Fuerzas de Seguridad se utilizan para actividades represivas contra
la vida democrática de las organizaciones sindicales del sector
municipal.
Nuevamente la presencia policial en actos que afectan la libertad
sindical, aparece sistemáticamente en escena como los fueron los
hechos intimidatorios ocurridos en varios Municipios como Las
Rosas, San Carlos Centro y otras localidades. Lamentablemente
ahora vuelven a suceder en la ciudad de Santa Fe.
Más de cien efectivos policiales y entre ellos Tropas de Operaciones
Especiales acudieron a custodiar la seguridad de una Asamblea
que debía aprobar Memoria y Balance correspondientes al
período en que los dirigentes de ese gremio fueran expulsados por
defraudación y estafa contra una Organización Sindical.
La dirigencia de ASOEM Santa Fe, tras las frustradas asambleas
anteriores, estableció un protocolo en la cantidad de participantes
cuya cifra claramente intencional se ubicó en 600 personas sobre
un total de 5.000 afiliados. De ellas 100 eran efectivos policiales y
de Tropas de Operaciones Especiales, los que impidieron el normal
y democrático funcionamiento de la Asamblea Sindical. Dirigentes y
Delegados del gremio denunciaron agresiones con intención de
provocar represión en el interior del Sindicato.
Es por ello que desde FESTRAM repudiamos enérgicamente la
utilización de la Fuerzas del Estado para interrumpir el ejercicio de
la libertad sindical.
Mientras los estadios de fútbol son colmados de público para
disfrutar legítimamente de un espectáculo deportivo, las
Autoridades prefieren utilizar la fuerza pública para impedir la
participación democrática de los trabajadores en un espacio cerrado
e insuficiente.

Cabe destacar que frente a los hechos irregulares que se vienen
sucediendo, el Ministerio de Trabajo no concurrió a supervisar la
legalidad de dicha Asamblea, la que será impugnada por falsedad
de los balances y la imposibilidad de desarrollar una elección clara y
trasparente, amenazados por cientos de policías.
De continuar estos abusos intimidatorios, desde esta Organización
Sindical denunciaremos al Estado Provincial, frente a Organismos
Internacionales del Trabajo y de Derechos Humanos.