El pasado 27 de enero fue detenido en el puesto de Gendarmería Nacional de la localidad de Pichanal (Salta) el funcionario de Aduanas de la República Argentina Emiliano Souza cuando transportaba 19,8 kg de cocaína en su vehículo particular y luciendo el uniforme distintivo de esa repartición como forma de eludir controles exhaustivos de parte de las fuerzas de seguridad. Una detención que pone una vez más en evidencia que Rosario y su área metropolitana son un nudo central para el narcotráfico.
Este funcionario, originario de la localidad salteña de Aguaray, hacia 2 años que cumplía funciones como operador de Control Aduanero de la Dirección Regional de la Hidrovía Paraná-Paraguay en la Aduana de la ciudad de San Lorenzo (Santa Fe), trasladado de las oficinas de esa entidad que se hallaban en la localidad fronteriza de Salvador Mazza (Salta).
La explicación de su estancia en San Lorenzo se basa en que en 2015 fue trasladado ya que se encontraba bajo investigación a causa de estar sospechado de permitir el paso ilegal de mercaderías e incluso drogas por ese lugar de la frontera.
Tras ser dado a conocimiento el hecho, y de esta suma de datos, surgen una serie de cuestiones que deberían ser tenidas en cuenta acerca de la intervención de los organismos investigadores.
En principio según expresa la información oficial del Ministerio de Seguridad de la Nación, se lo venía siguiendo desde hacía dos años e incluso se había intervenido su teléfono, por lo cual se pudo saber la fecha exacta en que se realizaría la entrega de la droga secuestrada e incluso quién sería el proveedor.
Sin embargo, se plantean dos puntos importantes no aclarados que ponen en duda el adecuado accionar de las fuerzas participantes. Por un lado la morosidad que se demostró para capturar a su proveedor, que logró escapar al allanamiento posterior, pese a que se secuestró en su casa más de 100 kg de droga y por el otro por qué no se lo siguió para permitir una entrega controlada que admitiera conocer el destino final de ese cargamento.
Este no es un detalle menor, ya que ambas cuestiones abren un manto de sospecha sobre el procedimiento, puesto que se muestra o bien una falta de profesionalidad alarmante, o bien un intento de encubrimiento de los extremos de esa cadena delictiva por parte algún sector de la misma.
De la información complementaria que dan los medios citando a las fuentes oficiales, se sabe que realizaba viajes periódicos hacia Salta y luego desde allí a Rosario, Mendoza y Córdoba.
Este es otro punto que debe ser explicado por las autoridades, ya que no se entiende cómo el detenido hacía viajes de miles de kilómetros que duraban varios días y a la vez se hallaba trabajando en la Aduana de San Lorenzo, según debería constar en los registros, puesto que de otra manera no es posible que trabaje de manera intermitente en ese puesto.
Según las explicaciones de los organismos oficiales, habría sido trasladado desde Salta en el contexto de una investigación de Aduanas que se había iniciado en 2012, es decir, en un sumario que ya llevaba casi siete años sin resolverse y que comprendía hechos graves para su función. Lo que demuestra la falta de investigación del caso, pero más grave aún es que si estaba siendo investigado, cómo las autoridades no dieron parte a otras áreas para que expliquen cuestiones como por ejemplo, el nivel de vida que este empleado poseía.
De una investigación efectuada por nuestro equipo de trabajo, los datos públicos del Banco Central de la República Argentina, reflejan que al mes de diciembre de 2018, tenía un nivel de gastos bancarizados de $699.000, es decir casi seis veces más de lo que debería cobrar por su empleo. Pero este gasto no es ocasional, si se observa la historia personal dichos montos se sostienen similares para los últimos dos años.
A esto se debe agregar que posee cuentas, tarjetas o deudas con los siguientes bancos y cajas: Banco de la Nación Argentina, Banco de San Juan S.A., BBVA Banco Francés S.A., Caja de Crédito Cuenca Cooperativa Limitada, Cordial Compañía Financiera S.A., Credikot Cooperativa de Vivienda Limitada, Crédito CREDINEA S.A., HSBC Bank Argentina S.A., con movimientos bancarizados frecuentes con esas entidades.
Esta sumatoria de cuestiones reafirma las declaraciones que he vertido en ocasión de la conferencia de prensa que se llevó a cabo junto al Diputado Provincial, Carlos del Frade y la ex Vice Gobernadora María Eugenia Bielsa semanas atrás, en donde afirmé que la Hidrovía Paraguay – Paraná es una vía de salida del narcotráfico. Y, que en este contexto, las autoridades poco y casi nada hacen para evitar esta situación. La mejor prueba de ello es esta detención y los datos que de ella surgen, en donde un funcionario ha actuado durante años en zonas expuestas al narcotráfico y después de largo tiempo es detenido por esa causa.
Debo recordar, una vez más, los casos sobre los que he advertido y se confirmaron mis sospechas, como el de los postulantes en la licitación del puerto de Santa Fe, las dudas sobre puertos como en la zona de Villa Constitución en donde se realizaba una licitación quereclamaba claridad acerca de sus intervinientes, los numerosos contrabandos apresados tanto en puertos nacionales como Zárate y Campana, o internacionales como Hamburgo, Gioia Tauro (Calabria), Génova, Lisboa, Málaga, Guinea Bissau, Mozambique, etc., en donde se secuestraron cargamentos que varían entre los 400 kilos y las tres toneladas de cocaína o las cuatro toneladas de marihuana incautadas en 2014 que viajaba en embarque interno de la Hidrovía entre Paraguay y el puerto argentino de Zárate. Todos ellos siempre ligados a embarques provenientes de puertos de la Hidrovía.
Como se observa, la situación está pasando de ocasional a preocupante, y por lo tanto se requiere una inmediata implementación de acciones que coordinen las actividades de las fuerzas de seguridad de todos los niveles dentro del territorio provincial a los fines de luchar contra esta situación que amenaza no solo a nuestra sociedad sino a países de todo el mundo.
