La Comisión de Régimen Municipal, Derecho a la Ciudad y Ordenamiento Territorial, en una sesión muy cuestionable por la abierta exclusión de las consideraciones de la oposición, ha aprobado el dictamen del oficialismo, en el que no se declara intransferible a la Caja de Jubilaciones.
FESTRAM ha venido advirtiendo las diversas trampas que cubría el Gobierno de Maximiliano Pullaro bajo la excusa de la necesidad de Reforma Constitucional. Lamentablemente, nuestras presunciones se han confirmado.
Numerosas organizaciones sindicales, sociales y profesionales del área específica sumaron su voz y su reclamo ante esta situación. Dejemos en claro: la Caja es de los jubilados y jubiladas santafesinxs y la participación de todas las organizaciones obreras debe estar garantizado en su futuro funcionamiento. Además, la nueva Constitución tiene que especificar, taxativamente, esto para no quedar –en un futuro próximo- al arbitrio del gobernante de turno o de los intereses económicos de los sectores privados. Hay una responsabilidad concreta aquí del Frente Unidos.
Pero esto no está desligado de lo que acaba de suceder en la Cámara de Diputados de la Nación, donde no se alcanzó los dos tercios necesarios para rechazar el veto presidencial a la ley que establecía un incremento del 7,2% en las jubilaciones y un bono mensual de $110.000. Esta resolución que reafirma las políticas de hambre y miseria del Gobierno Nacional no son sólo números o porcentajes, pues tienen nombres concretos y son las y los legisladores que respaldaron esta decisión que hace más desesperante y cruel la situación de miles de integrantes del sector pasivo.
Los representantes por la Provincia de Santa Fe que apoyaron este saqueo fueron: Rocío Bonacci (La Libertad Avanza), Alejandro Bongiovanni (PRO), Gabriel Felipe Chumpitaz (Futuro y Libertad), Romina Diez (La Libertad Avanza), Germana Figueroa Casas (PRO), Luciano Laspina (PRO), Nicolás Mayoraz (La Libertad Avanza), José Nuñez (PRO) y Verónica Razzini (Futuro y Libertad).
Ya estamos en una etapa electoral y necesitamos concurrir a las urnas para impedir que legisladores/as y partidos políticos que van contra los derechos de los sectores populares, logren ingresar al Congreso para sostener políticas de hambre y miseria.
