El operativo se llevó a cabo en forma coordinada entre el Ministerio de Justicia y Seguridad y la Municipalidad de Cañada de Gómez. La investigación estuvo a cargo del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y de la Policía de Investigaciones (PDI).
El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, supervisó este viernes el derribo de un búnker de venta de estupefacientes en Sáenz Peña al 600, en Cañada de Gómez. La acción se enmarca en la Ley de Microtráfico, promulgada al inicio de la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro, que habilita a la Justicia provincial a intervenir en causas de narcomenudeo.
Durante la actividad, Cococcioni explicó: “El microtráfico es un problema considerado un factor criminógeno. No se trata solo del tráfico o del consumo de drogas: donde existen estos lugares barriales de venta de estupefacientes suele haber personas armadas y con antecedentes penales. En este caso, había individuos con condenas de la Justicia Federal que operaban el punto de venta. Esto deriva en disparos, peleas y en un deterioro de la calidad de vida de los vecinos”. El ministro añadió que el derribo de búnkeres “es una forma más de luchar contra el delito y de abordar las cuestiones que preocupan a la gente e impiden que desarrolle su vida en paz”.
Por su parte, el intendente de Cañada de Gómez, Matías Chale, destacó que este fue “el tercer búnker que derribamos en la ciudad en estos veinte meses de gestión. Quiero agradecer especialmente al Gobierno de Santa Fe, que colabora de manera permanente para pacificar Cañada de Gómez. Durante mucho tiempo no se hizo nada y se dejó avanzar al narcotráfico. Desde que asumimos, la decisión es darle batalla y recuperar la tranquilidad de los vecinos. Y eso no lo podemos hacer solos”.
Chale subrayó además la inversión municipal en seguridad. “Estamos reforzando la Secretaría de Control Urbano y el Centro de Monitoreo, acercando información e imágenes que sirven para esclarecer hechos e impulsar investigaciones. En este caso, también aportamos maquinaria y personal municipal para concretar el derribo”, indicó.
El fiscal del Equipo de Microtráfico de la Fiscalía General, César Cabrera, aportó detalles de la investigación. “Esto es la culminación de una tarea iniciada a través del equipo de microtráfico de la Fiscalía General. Contábamos con información sobre hechos delictivos que ya estaban bajo investigación en la fiscalía local, y se realizó un seguimiento de la venta de drogas en el lugar. Se desarrollaron múltiples procedimientos que permitieron detener a tres personas y secuestrar estupefacientes y armas de fuego. Una de las detenidas cumplía una condena de la Justicia Federal por delitos vinculados al narcotráfico”.
En la actividad estuvieron presentes el senador del departamento Iriondo, Hugo Rasetto y el Secretario de Análisis y Gestión de la Información del Ministerio de Justicia y Seguridad, Esteban Santantino.
Derribos en toda la provincia
La inactivación de puestos de venta de drogas es una de las medidas contempladas en la Ley de Microtráfico, aprobada a fines de 2023 por la Legislatura provincial. La norma establece que los fiscales del MPA investiguen los delitos de narcomenudeo, que antes eran competencia exclusiva de la Justicia Federal.
